Falta de respeto a nuestros mayores
Paco y Mercedes son vecinos de Santa Cruz, residentes en La Salud. Originarios de dos municipios del interior, aquí se casaron y tuvieron descendencia. Como tantos, trabajaron de sol a sol para sacar adelante a sus cuatro hijos, quienes con el tiempo les dieron nueve nietos. Hoy en día, aquella descendencia se ha visto ampliada con dos bisnietos, que de algún modo compensa las ausencias de dos hijos que tuvieron que emigrar fuera de España, durante la crisis de 2008.
Con el paso de los años, la vejez ha hecho mella en esta pareja de octogenarios. A Paco se le acentúan sus cardiopatías, en tanto que Mercedes sufre un trastorno mental. Incapaces de valerse por sí mismos, necesitan cuidados continuados y las pensiones que perciben resultan del todo insuficientes, sin que sus hijos tampoco puedan hacerse cargo. La crisis derivada de la pandemia empeora la situación, con dos de ellos en paro.
El cuadro descrito se repite en muchísimas familias. Seguro que cualquiera que lea estas líneas sabe a lo que nos referimos. Igual que le suena de algo el estado del bienestar tantas veces preconizado, en este caso mediante herramientas como la dependencia, cuya adecuada prestación es un derecho reconocido en Canarias, hace 14 años, a través de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Otra cosa es la forma y el tiempo en que se materializa.
Aunque el asunto trae cola, una noticia reciente lo ha devuelto al primer plano de la actualidad: Ocho dependientes mueren cada día en Canarias sin esta prestación, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales. Así, de las 1.753 personas dependientes que fallecieron en las Islas entre enero y julio pasado, 551 ya tenían reconocido tal derecho a prestación, sin haberse materializado, mientras que otras 1.202 aún esperaban a que el Gobierno de Canarias resolvieran sobre el grado de dependencia.
Cuando los hijos de Paco y Mercedes leyeron esta noticia, ellos que todavía aguardan la evaluación de sus padres, vieron oscurecerse aún más el panorama que tienen por delante desde que iniciaron los trámites para obtener la prestación.
Pero la pesadumbre se convirtió en indignación cuando comenzaron a leer y escuchar reacciones, desde todos los sectores (políticos, sindicales, profesionales…). En especial, de quienes tienen la responsabilidad de corregir esta situación, desde el Gobierno de Canarias. De aquellos que disponen de los recursos para enmendar este desastre, por cualquier vía: presupuestaria, organizativa, normativa y política.
Las últimas noticias van todavía más allá: el atasco en la gestión impide que casi tres de cada diez personas con la ayuda reconocida la estén percibiendo, con una administración que tarda dos años y medio en realizar las valoraciones y los programas individuales de atención de los solicitantes, muchos de ellos con más de 80 años. Como Paco y Mercedes.
Lo peor es que, dos años después de la llegada al Gobierno del autodenominado “Pacto de las Flores”, los responsables de Derechos Sociales continúan donde estaban. O sea, como si no fuera con ellos. Con esa verborrea tan manida como maniquea, propia del rancio populismo de izquierdas. Y de nada vale que por encima de la consejera del ramo tengamos a un presidente, el socialista Ángel Victor Torres, responsable último de la gestión, que se muestra incapaz de actuar como lo hiciera en otras áreas en crisis, como sucedió con Sanidad y Educación. Parece que le puede el miedo a perder su sillón.
Tampoco es que nos coja de nuevos. La insensibilidad del PSOE con nuestros mayores, en connivencia con otras fuerzas como Unidas Podemos, también ha quedado patente en el ámbito insular. Recuérdese si no la cacicada que supuso eliminar un programa de éxito como Ansina, plenamente reconocido por nuestra población. Por vecinos como Paco y Mercedes, cuando todavía podían disfrutar de actividades de dinamización.
Qué falta de respeto. Menudo panorama.
