El precio de la cobardía

Canarias ha vuelto al primer plano de la actualidad informativa. La arribada masiva y persistente de migrantes a nuestras costas, superior a las 17.000 personas en lo que va de año, ha terminado por focalizar la atención de todos los medios escritos y audiovisuales. Durante las últimas semanas, la crisis migratoria se ha situado entre las noticias más destacadas de los telediarios, informativos de radio y portadas de prensa, con un añadido muy elocuente: el desbordamiento del Gobierno de España ante esta situación.

Después de meses de tirarse la pelota de un ministerio a otro, entre los cinco que se dicen competentes en el asunto, no termina de vislumbrarse una sola medida que permita albergar alguna esperanza de cambio. De nada ha servido el llamamiento desesperado de las instituciones isleñas, más allá de las visitas puntuales de algunos ministros, con vagos anuncios de parches más que de medidas reales. Canarias se parece cada vez más a Lesbos: un gran campamento de concentración de migrantes con los que el Gobierno de España no sabe qué hacer. De vergüenza.

Lo peor del caso es que esta situación viene a solaparse con el agravamiento de las secuelas sociales y económicas que nos deja ya la crisis del coronavirus. La parálisis del sector turístico, que aglutina más de un tercio del Producto Interior Bruto insular, con el arrastre añadido en otras muchas actividades, sobresale entre sus efectos más notables. Pero hay más. Tal y como ha advertido el Comité Europeo de las Regiones, una crisis social sin precedentes se cierne sobre las Islas, con una masiva destrucción de puestos de trabajo que podría acabar con más del 40% del empleo.

Sin embargo, igual que sucede con la crisis migratoria, el Gobierno de Pedro Sánchez hace oídos sordos. Mira hacia otro lado. Canarias no figura entre sus preocupaciones. El PSOE y sus socios de Unidas Podemos están en otras cosas, como sus componendas con ERC y Bildu, traducidas en concesiones para Cataluña y País Vasco. El color de los avisos de la tormenta que se cierne sobre el archipiélago está a punto de pasar del naranja al rojo, pero en Madrid no se inmutan.

Por más que nuestra diputada Ana Oramas se desgañite en sus intervenciones en las Cortes, advirtiendo de lo que se nos viene encima, el aislamiento de Canarias se agudiza. Y la mejor prueba de ello es la inadmisión de las enmiendas presentadas por la parlamentaria de Coalición Canaria al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, todas ellas más que justificadas, por el mero hecho de evitar el pronunciamiento de los diputados canarios del PSOE y Unidas Podemos. Una actitud bochornosa e impropia de quienes se dicen representantes del pueblo canario.

Tal muestra de cobardía, como justamente calificó Ana Oramas esta posición de los parlamentarios de dichas fuerzas políticas, debiera ser tenida muy en cuenta por el común de nuestra población. Porque esa conducta sumisa y de exclusiva obediencia a sus respectivos partidos evidencia la necesidad de contar en Madrid con una amplia representación de diputados que pongan a Canarias por encima de todo. Máxime en los tiempos que nos toca afrontar, ante un panorama de hambre y miseria. Basta con mirar el trato diferente con Cataluña y País Vasco. Que cada cual saque sus conclusiones.  

Santa Cruz, el mejor regalo

Me llega un mensaje a través de uno de los diversos grupos de wasaps que tengo en mi teléfono. Tiene que ver con las compras de Navidad y Reyes. Empieza diciendo: “En lugar de aumentar los beneficios de plataformas online podríamos pedir a los Reyes Magos que nos trajesen los regalos de los comercios locales que puede que estén en riesgo de desaparecer”.

Continúa con una serie de ejemplos: “Librerías, restaurantes, peluquería, artesanos, pequeños comercios de ropa, cualquier cosa que interese, una cena en el restaurante de tu calle, un corte de pelo en la peluquería del barrio, ese detalle único de un artesano local…”. Y concluye: “Sería un doble regalo, pues a ellos les daríamos la posibilidad de seguir abiertos el año que viene”.

La reflexión cala entre buena parte de los amigos del grupo. Se multiplican los emoticonos de aprobación, aunque ahora queda por delante aplicarse en el empeño. Programar las compras, salir a la calle y elegir entre los muchos establecimientos de ese tipo, lo mismo que de otras muchas actividades, que tenemos a nuestro alrededor. Negocios que nos son familiares, en nuestro barrio o en otros de la ciudad, donde hallamos también a muchas personas conocidas. Hombres y mujeres que, en muchos casos, hasta forman parte de nuestras vidas. Algunos, desde nuestra infancia.

La iniciativa coincide con una campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento, a través de la Sociedad de Desarrollo: “Las ventajas de regalar Navidad con el comercio local”. Una acción diseñada desde una decidida cooperación con pymes y autónomos de Santa Cruz, parte importante del tejido productivo de nuestro municipio, que pondera cualidades de siempre: trato personalizado, amabilidad y cercanía con el cliente, a las que se añaden otras, incorporadas en los últimos tiempos, como la posibilidad de conectar con ellos a través de internet o la entrega a domicilio.

Leo unas declaraciones de un líder empresarial, representante de este mismo sector: “A los autónomos y empresarios hay que mimarlos porque son la solución, no el problema”. En el Consistorio de nuestra capital lo tenemos claro. De hecho, acabamos de poner en marcha la Mesa para la Recuperación Social y Económica de Santa Cruz, donde se sientan representantes de todos los sectores, para diseñar un plan consensuado, con medidas concretas a acometer durante los próximos meses.

Un primer diagnóstico sobre las secuelas de la crisis del coronavirus en esta ciudad no dejan lugar a dudas en cuanto a su virulencia: la pérdida de 4.000 empleos y el cierre de 500 empresas. De ahí el llamamiento ante lo más inmediato, teniendo en cuenta el peso del comercio, la hostelería, la restauración y el ocio en la economía local. Santa Cruz cuenta con 14 zonas comerciales, diseminadas por todo el municipio, donde podemos ver satisfecha cualquier necesidad que nos surja.

Frenar la caída del empleo y los negocios que nos rodean también está en nuestras manos. De lo contrario, casi sin darnos cuenta, estaremos contribuyendo a la bajada de persianas, el vaciado de escaparates y el apagón de sus luminosos. Saquemos el orgullo que llevamos dentro, hagamos un ejercicio de chicharrerismo y salgamos en su auxilio. Solidarios con Santa Cruz.   

¿Alguien pedirá perdón por el daño al Carnaval y a Santa Cruz?

Hay una izquierda a la que le encanta darse baños de notoriedad convocando a los medios de comunicación, sobre todo gráficos, a las puertas de los juzgados y mentando dos palabras: Fiscalía Anticorrupción. Saben sus intérpretes que el magnetismo de la acción les reporta retratos y titulares en la prensa, igual que abundancia de minutos de espacios televisivos y radiofónicos, a base de proyectar oscuras sombras de ilegalidad sobre las cabezas de sus pretendidas presas políticas.

Vestidos de pretenciosos adalides del decoro, lo de menos es el fundamento de sus denuncias, por más que sepan de antemano que el plato contiene poca chicha. Basta con que tome cuerpo de suflé y se mantenga hinchado durante un periodo determinado. El tiempo suficiente para ensuciar la imagen del adversario, en tanto se dirime la verdadera sustancia de su denuncia. Qué más da, si en política vale todo, justifican para sus adentros.  

Por desgracia, el Ayuntamiento de nuestra ciudad reúne entre sus concejales algunos exponentes de ese tipo de político de izquierda, con cuyo manto se siente revestido de una presunta superioridad moral. Es el caso de Ramón Trujillo, portavoz del grupo Unidas Podemos, que en octubre de hace ahora un año se lanzó a poner en práctica este ejercicio ante la sede de los Juzgados de la capital tinerfeña.

Por entonces, desde el gobierno socialista de Patricia Hernández se filtraba a medios informaciones sesgadas sobre la supuesta turbidez en la contratación de Juan Luis Guerra para el Carnaval de 2019. Unos y otros, los gobernantes y sus cooperadores necesarios, competían por obtener el mayor rédito mediático posible. Ruido, maledicencias, canalladas… Todo valía con tal de deslucir el rotundo éxito alcanzado con aquel concierto, dentro de un Carnaval inolvidable, bajo el gobierno de Coalición Canaria. Miserias de la política.

Aunque la contratación tuvo el visto bueno de todos los estamentos administrativos, incluida la Intervención de Fondos, desde nuestro grupo municipal se solicitó a la alcaldesa que abriese un expediente reservado de carácter interno para aclarar del todo esta situación, precisamente porque éramos y siempre hemos sido los primeros interesados. Sin embargo, resultaba evidente que el objetivo de Hernández, Trujillo y sus palmeros era otro. Se trataba de zaherir al adversario sin reparar en las formas. Con elementos del viejo manual de esa cierta izquierda tan rancia como trasnochada que solo dispone de bronca política como única e insolvente estrategia.

Transcurrido un año desde entonces, la Fiscalía Provincial ha decidido el archivo de las diligencias preliminares de investigación abiertas tras la denuncia. Analizada toda la documentación administrativa remitida por el Ayuntamiento, el ministerio público concluye en afirmar que los hechos no tienen relevancia penal alguna. Ni prevaricación ni malversación de caudales públicos. El suflé de Ramón Trujillo acabó por desinflarse. Un nuevo borrón en su expediente político, igual que en el de Hernández, a quien sirvió desinteresadamente (o no) durante su aciago paso por la Alcaldía.

De ninguno de ellos esperemos reparaciones en el honor de las personas a las que trataron de ultrajar. Se requiere de una altura moral a la que no llegan ni de puntillas. Pero cabe preguntarse: ¿Y ahora qué? Después de tanto daño a tanta gente, como a la concejala y al personal de Fiestas, extensible al conjunto del Carnaval y de una ciudad que vio cómo se trató de manchar su prestigio más allá de nuestras fronteras, ¿alguien va a pedir disculpas? ¿Alguien va a presentar su dimisión?

Me temo que pedir perdón, excusarse o presentar la dimisión es un ejercicio de humildad y valentía política que ya han demostrado que son incapaces de afrontar.

La fortaleza del Carnaval

La suspensión del Carnaval 2021 ha sido una decisión tan dolorosa como responsable. Lo primero, sabedores de lo que significa esta celebración popular para el común de la ciudadanía santacrucera; para el alma chicharrera. Lo segundo, conscientes de que a día de hoy no existen condiciones para continuar su compleja organización, a solo cuatro meses de la fiesta, igual que para su desarrollo efectivo en las calles de la ciudad.

La pandemia del coronavirus remonta el vuelo, con una segunda ola que obliga a recrudecer las cautelas, y nadie se atreve a precisar cuándo dispondremos de la ansiada vacuna que ayude a disfrutar de una verdadera desescalada. En este estado de cosas, resulta imposible imaginarse la próxima celebración de una cita que basa su éxito en la explosión popular en la calle. Y sin esa esencia, no hay Carnaval posible.

Antes del anuncio oficial de la suspensión, quisimos valorar la decisión con una amplia representación de las agrupaciones y los diseñadores del Carnaval. Qué menos, teniendo en cuenta su carácter motor para la organización y desarrollo de nuestra fiesta más internacional. Un amplísimo colectivo de hombres y mujeres de la ciudad, cifrado en más de 5.000 personas, que conforman el mayor movimiento asociativo de Santa Cruz. Su opinión fue prácticamente unánime, en el sentido de pasar la hoja del calendario y emplazarnos para la cita de 2022.

De la misma manera se ha pronunciado una amplia mayoría de la opinión pública, una vez dada a conocer la decisión municipal. Por más que todos nos reconozcamos muy noveleros  a la hora de rendirnos ante nuestra Carnaval, que no solo es el mejor –inigualable– sino también el más seguro de cuantos se celebran en el mundo.  Y esta última máxima, la que tiene que ver con la certidumbre, no es posible garantizarla en febrero próximo.

Sabemos, por otro lado, que la suspensión acarrea consecuencias económicas. Basta con recordar que el Carnaval puede mover, en una sola edición, más de 30 millones de euros. De ahí que hayamos adquirido el compromiso de trabajar en el diseño de actividades de dinamización socioeconómica, alrededor del eje carnavalero, cuya realización sea posible desde el instante en que sean otras las condiciones sanitarias. Con apoyo de las agrupaciones y plenas garantías para la seguridad de todos.

Por ejemplo, ¿quién nos impide tematizar un Plenilunio –o más de uno– con formas y hábitos propios de nuestra fiesta más genuina? Sin la amenaza de la COVID-19, lo tendremos todo para desquitarnos, celebrar la vuelta a la normalidad y contribuir a la reconstrucción económica pospandemia. Como un elemento sobresaliente entre los que queremos impulsar, junto a todos los agentes sociales, económicos y políticos, en la Mesa por la Recuperación que acaba de crear el alcalde de la ciudad.

No obstante, como también anunciamos, vamos aprovechar las fechas en las que tocaría celebrar este próximo Carnaval para realizar una acción divulgativa. Conocedores de la extraordinaria proyección nacional e internacional que tiene esta festividad, queremos recordarle al mundo su enorme vitalidad, propia del pueblo chicharrero, emplazándole a que vengan a acompañarnos en la siguiente.

Exigimos otro trato

Las cifras pintan mal. Sin necesidad de reiterar los números expuestos en una anterior reflexión, a partir de los datos de empleo, la situación socioeconómica se agrava con el paso de las semanas. Y lo que es peor, también la sanitaria. Por más que cada mañana nos levantamos con el ánimo renovado y el propósito de contribuir con nuestro trabajo a la recuperación, escasean las buenas noticias. Nos topamos con el muro de la realidad y apreciamos una creciente inquietud en la calle, que en muchos casos se transforma en pesadumbre.

Las circunstancias empeoran en nuestro entorno más próximo. “En Canarias se está gestando un desastre colosal”, ha advertido Fernando Clavijo a Pedro Sánchez, desde la tribuna del Senado, consciente de que miles de familias isleñas van a pasar hambre y necesidad extrema. De la misma manera que deben saberlo los parlamentarios canarios del PSOE y Unidas Podemos, llamados a exigir –al menos internamente– una actitud distinta del Gobierno de España con el Archipiélago.

Porque no es de recibo venir a Canarias a disfrutar de las vacaciones, como hizo Sánchez, y reducir el contacto con su gente a una cita protocolaria con representantes institucionales, todos ellos compañeros de partido. Metido en la burbuja de La Mareta, el presidente no mostró el más mínimo interés por acercarse a la realidad que hoy nos acogota: la de los desempleados necesitados de asistencia social. La de trabajadores angustiados por la cuenta atrás de los ERTEs. La de los autónomos desesperados ante un panorama cada vez más incierto… O la de los inmigrantes hacinados en una tierra distinta a la que realmente desean para labrarse un futuro mejor.

Como bien ha dicho nuestro alcalde, José Manuel Bermúdez, Canarias necesita un plan de reactivación económica propio, con un paquete de medidas concretas que sirvan para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y migratoria que tenemos delante. Una ojeada a los datos económicos y un vistazo al mapa de nuestro país, fijándose bien en la lejanía de la España continental y el fraccionamiento de nuestra región, ayudan a entender la necesidad de un tratamiento diferente por parte del Estado. Para tener las mismas oportunidades de reactivación que el resto de Europa necesitamos una fórmula singular. La realidad es tozuda.

Po eso todo empieza por tener otra actitud. Un mayor grado de sensibilidad. No son de recibo, por ejemplo, comportamientos como el del ministro Escrivá en la atención de la crisis migratoria. Se corresponde con tiempos pretéritos y otro sistema político. O el de la ministra Montero, la de Hacienda, con el decreto de los ayuntamientos. Ensoberbecida en su tesis, por más que todo el municipalismo (excepto los alcaldes de su partido) se expresó en contra, acabó sufriendo el revolcón parlamentario. Con todo, quizás fuera lo de menos. Porque la gravedad del caso es el tiempo perdido, cuando apremian las respuestas a necesidades imperiosas de nuestros vecinos.

Por nuestra parte no va a quedar. El ejercicio político en un ayuntamiento obliga a ser prácticos. Aquí no caben ni poses cara a la galería ni intrigas partidistas. El vecino exige soluciones y seguiremos buscando alternativas, aunando esfuerzos con agentes sociales y económicos y entidades del tercer sector. Pero, al mismo tiempo, no dejaremos de reivindicar lo que nos corresponde. Nos rebelamos frente a la callada por respuesta.

Diálogo y equidad por el empleo

Los datos sobre empleo conocidos esta semana resultan poco halagüeños. En el caso concreto de Santa Cruz, continuamos con más de 25.000 personas desempleadas y una tasa de paro por encima del 27 por ciento. Y si echamos la vista atrás, situándonos en agosto de 2019, nos topamos con un incremento del 17 por ciento, a razón de 3.663 personas desempleadas más que entonces.

Con todo, no hay que perder de vista que nuestra capital continúa liderando la bolsa de personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) entre todos los municipios tinerfeños, que a 31 de julio se cifraba en 23.235 trabajadores. Se trata, sin duda, de una cifra muy a tener en cuenta, sobre todo por la incertidumbre sanitaria y su reflejo en forma de recesión económica.

Se entiende así que cada día sean más las voces que demandan la necesidad de alargar la vigencia de dichos ERTEs, al menos durante el próximo semestre. De lo contrario, si no fuera así, nos hallaríamos ante una situación del todo insostenible, con una tasa de paro que prácticamente duplicaría la que actualmente soporta este municipio.

Por lo tanto, se trata de evitar por todos los medios que lo que hoy es un ERTE pase a convertirse en un expediente de regulación de empleo. No nos lo podemos permitir.

Conscientes de ello, en el Ayuntamiento venimos trabajando en el desarrollo del “Acuerdo de Estabilidad por la Recuperación Social y Económica de Santa Cruz”, anunciado por José Manuel Bermúdez en su toma de posesión como alcalde. Un acuerdo sustentado sobre la base del diálogo social, con la participación activa de todos los agentes políticos, sociales y económicos.

De la misma manera, resulta necesario el trabajo común entre las diferentes administraciones. Si queremos responder con eficacia a esta aguda crisis que nos ha tocado enfrentarnos, la colaboración de las instituciones se hace más necesaria que nunca. No es de recibo, por ejemplo, el criterio establecido por el Cabildo en la distribución de 9 millones de euros, entre los municipios de Tenerife, para políticas activas de empleo. ¿Por qué?  Porque no tiene en cuenta la realidad socioeconómica de las localidades mayores, entre las que sobresale Santa Cruz.

El área metropolitana de Tenerife alberga a día de hoy más del 42 por ciento de las personas desempleadas de la isla. Pero esa realidad no se contempla en los planes del Cabildo, que dedica 32 euros a un desempleado de Santa Cruz o 33 a uno de La Laguna, mientras que los de municipios con una tasa de paro muchísimo más baja pueden llegar a recibir más de 1.000 euros por desempleado.

Debería tenerse en cuenta, además, que esta misma área metropolitana ha ejercido de impulsora del empleo insular en situaciones de crecimiento económico anteriores, de las que se ha beneficiado el conjunto de Tenerife. De ahí que apelemos a la corrección de los criterios manejados por la referida corporación. Sería de justicia y hablaría de equidad, lejos de cualquier confrontación política. No viene al caso.

Apropiación indebida

El Gobierno de Pedro Sánchez, en connivencia con los alcaldes de su partido, acaba de cometer una tropelía, cuyas consecuencias van a pagar los vecinos de todos los municipios de España. Puede que el hecho esté pasando desapercibido para el común de la ciudadanía. Con las televisiones volcadas a todas horas en la búsqueda del Rey Emérito, noticias como esta de la financiación de los ayuntamientos se ven relegadas a espacios secundarios en los informativos. Y bien que se agradece en Moncloa.

Pero la realidad de los hechos es que Sánchez, con el beneplácito disciplinado de sus alcaldes socialistas, ha decidido meter mano en la caja de los ayuntamientos y hacer uso de sus ahorros (14.000 millones de euros), comprometiéndose a devolvérselos en el plazo de 10 años, ampliables a 15, a partir de 2022. A cambio, se compromete a surtir las arcas municipales con un fondo de 5.000 millones, entre 2020 y 2021-

El decreto obliga a los municipios a ingresar a Hacienda todo ese dinero, penalizando a ayuntamientos como el de Santa Cruz, que durante los últimos años hizo sus deberes, incluso por encima de lo que exigía la ley. De este modo, la deuda de 120 millones de euros que arrastrábamos en 2012 se redujo a 21 millones en 2019, en un ejercicio de responsabilidad que contrasta con las alegrías características de Sánchez y sus políticas de gasto.

Lo cierto es que ahora, cuando todos los ayuntamientos necesitamos más recursos para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas del coronavirus, el Gobierno de España decide confiscar sus dineros por la vía del chantaje: si quieres emplear tus ahorros, dámelos a mí, que yo los administro. Y encima, parapetándose detrás de los consistorios, las instituciones más próximas a los vecinos; a donde primero acuden para resolver sus necesidades.

Se entiende así el rechazo frontal expresado este viernes por alcaldes españoles de todas las ideologías –excepto del PSOE–, integrados en una plataforma y reunidos telemáticamente para hacer causa común contra este atropello. Entre los primeros ediles significados en este frente municipal figura José Manuel Bermúdez, alcalde de nuestra capital, quien ha dejado claro que lo único que prima en este decreto es la mala gestión.

Situando los intereses del Ayuntamiento y sus vecinos por encima de las consignas partidistas –al contrario de lo que hacen los munícipes del PSOE–, el alcalde santacrucero recalca la necesidad de que la totalidad del superávit se emplee por el consistorio que lo generó, a base de rebajar su déficit y efectuar un esfuerzo del que ahora quiere servirse el Gobierno de España.

Un Gobierno que en todo ese tiempo hizo lo contrario: aumentar el déficit público, rozando los 50.000 millones de euros. Un Gobierno que pretende apropiarse de manera indebida de lo que en justicia corresponde a los ayuntamientos y sus vecinos. Más aún en estos tiempos.

Por encima de todo y de todos

No hay otra máxima. Lo afirmamos en su día y lo reiteramos ahora: lo importante es Santa Cruz. Por encima de todo y de todos, como concluyó en decir José Manuel Bermúdez –de nuevo alcalde de la ciudad– al término del discurso que pronunció este lunes ante el Pleno municipal. Por más que suene a lugar común, debiera ser la expresión definitoria en la asunción del mandato popular, cualquiera que fuera su protagonista. Alejado de personalismos y tentaciones sectarias.

Puertas adentro, el regidor santacrucero nos ha exigido, desde el primer momento, conducirnos bajo esa máxima en todos nuestros actos como miembros de su gobierno. De un grupo de concejales y concejalas procedentes de distintas fuerzas políticas pero identificados –diría más: conjurados– con una misma manera de hacer las cosas. Sin fisuras. Apoyándonos unos a otros en pos de ese objetivo común.

La tarea no resultará sencilla. Lo sabemos quienes ya hemos desempeñado este tipo de funciones en mandatos anteriores. Pero se complica notablemente por el momento que nos toca vivir. Hay que hacer más con menos y esto exige creatividad, austeridad y mucha dedicación. Van a faltarnos horas del día. Lo hemos comprobado en esta primera semana, desde el momento en que el alcalde repartió el trabajo en forma de asignación de funciones.

Sin tiempo que perder y de acuerdo a lo anunciado, celebramos los primeros encuentros con agentes y entidades del tercer sector, quienes mejor conocen la problemática social del municipio, para continuar con los representantes del tejido productivo. Con unos y otros vamos a afrontar el gran objetivo del nuevo programa de gobierno: la recuperación social y económica de Santa Cruz. Con estabilidad y desde el consenso.

A pesar de la complejidad que conlleva este reto, nos ayudan las palabras de ánimo que recibimos de muchas personas en la calle, igual que la predisposición hallada entre el común de los empleados públicos, con una vocación de servicio que ya tuvimos ocasión de apreciar.

Entre las funciones que me toca asumir figura la gestión del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. Se trata de un apartado en el que también estaremos muy condicionados por la deriva de la crisis del coronavirus. Tanto por la disponibilidad de recursos como por las medidas a adoptar, en cuanto a las condiciones que rijan para la celebración y organización de actividades.

De cualquier modo, aceptamos esta responsabilidad a sabiendas del factor vertebrador que posee un área como esta, sobre todo en una ciudad como Santa Cruz, donde la tradición localiza en sus barrios y pueblos una ingente cantidad de citas festivas. O donde no hallamos un solo núcleo sin alguna agrupación del Carnaval o de las Fiestas de Mayo. Y tales circunstancias le otorgan una capilaridad fundamental para testar su estado de ánimo.

Lo mismo que sucede con la extraordinaria visibilidad que le otorga a Santa Cruz su Carnaval, entendido como gran escaparate al mundo, por su proyección internacional, y generador de riqueza para el municipio. De ahí que nos mantengamos expectantes ante las circunstancias que nos rodean y que, también por este motivo, nos apliquemos –cada uno de nosotros– en la observancia de aquellas medidas que ayuden verdaderamente a recuperar la normalidad.

Conciliar para relanzar

“Esta moción de censura es constitucional y es perfectamente legítima, como consecuencia del artículo 113 de la Constitución española. Esta es la democracia parlamentaria de la que nos hemos dotado como consecuencia de esa Constitución”.

La cita pertenece a Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a la sazón presidente del Gobierno de España, y fue pronunciada desde la tribuna del Congreso de los Diputados, el 1 de junio de 2018, cuando el debate de la moción de censura al ejecutivo de Mariano Rajoy. Valió entonces para el PSOE y las fuerzas políticas que le respaldaron. Y vale ahora –cambiando artículo 113 de la Constitución por artículo 197 de la LOREG– para el cambio en el gobierno municipal Santa Cruz. Con idéntica legitimidad y muy a pesar de la todavía alcaldesa, Patricia Hernández, desbocada en los últimos días contra los firmantes de la iniciativa para su relevo.

La ínfima capacidad de encaje democrático exhibida por quien ha estado al frente del consistorio en los últimos 12 meses cuadra perfectamente con el perfil que se ha labrado –ella solita– durante su convulsa carrera política. Especialmente cuando le ha tocado desempeñar funciones de gobierno, en etapas tan concretas como breves. Episodios donde han aflorado sus nulas dotes para la convivencia y la entente, escenarios impropios para quien solo disfruta cuando se sumerge en la refriega y el embrollo. Incluso con sus propios compañeros de partido. Y así le va.

Con sus actos de esta última semana, desaforada en su resistencia a someterse a una censura tan legítima como fundamentada, ha venido a corroborar la necesidad del cambio. Porque Santa Cruz y su Ayuntamiento necesitan un alcalde y un equipo de gobierno capaces de conciliar. Unos gobernantes sensibles con la difícil situación que tenemos por delante, tanto por el año perdido –de indiscutible involución– como por la pasividad municipal en los tres meses largos del coronavirus. Se precisan gobernantes capaces de arremangarse en la tarea colectiva del relanzamiento de la ciudad. Y esa tarea ha de empezar con el diálogo con la ciudadanía y el tejido socioeconómico, los grandes olvidados durante el mandato de Patricia Hernández. Acabar con el “ordeno y mando” y el culto a la personalidad.

A partir del próximo día 13, fecha en que se producirá el necesario relevo en el Ayuntamiento, retomaremos el contacto que de manera virtual establecimos durante el estado alarma con representantes de decenas de colectivos vecinales, sociales, económicos, profesionales, deportivos o culturales. Necesitaban ser escuchados porque tenían mucho que decir acerca de sus problemas y su manera de ver la salida a esta situación. Tomamos nota y elevamos propuestas al gobierno municipal –como mejor pudimos, a tenor del encastillamiento al que se sometió la alcaldesa y su gobierno–, sin apenas éxito. Les pudo la cerrazón, una vez más.

Desde la participación, un principio que volverá a guiar el gobierno de Santa Cruz, trataremos de generar las condiciones que posibiliten el relanzamiento económico de la ciudad y la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo. Igual que trabajaremos, desde el primer día, por adecuar los medios humanos y materiales necesarios para una atención social que ofrezca cobertura a las familias que puedan quedarse atrás, ante cualquier situación de desamparo.

Está claro que no podremos hacerlo solos, sino que vamos a requerir del apoyo de otras administraciones públicas, conforme a lo que le corresponde a Santa Cruz como capital de la isla y cocapital de Canarias. Con responsabilidad pero exigentes. Dispuestos plenamente a la conciliación.

Año I de Patricia Hernández: año de improvisaciones y ocurrencias

El 26 de mayo de 2019, más de 25.000 vecinos de Santa Cruz otorgaron a Coalición Canaria su apoyo como primera fuerza política en nuestra capital. La lista encabezada por José Manuel Bermúdez se impuso al resto de las formaciones que concurrieron a esta cita, en los cinco distritos del municipio, sumando 10 concejales, uno más que en la convocatoria anterior. Y lo hizo con casi 5.000 votos más que en 2015. Los datos evidenciaban el éxito de su gestión al frente de la Alcaldía, tras situar a la ciudad como referente a nivel autonómico y regional.

Sin embargo, apenas dos semanas después, fue Patricia Hernández quien tomó el bastón de mando en el consistorio, al fructificar aquel pacto contra natura establecido entre PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos. ¿Justificación? El “desalojo” (sic) de Coalición Canaria, la fuerza vencedora en las urnas. Ningún programa de gobierno alternativo, siquiera un folio con unos objetivos mínimos en forma de realizaciones para los pueblos y barrios del municipio. Nada que justificase, al menos para guardar las apariencias, una alianza de estas características. Recuérdese si no la carajera que se montó en las filas de Ciudadanos y la reciente dimisión de uno de sus dos ediles, tras comprobar que en ese pacto prevalecen los intereses partidistas sobre las verdaderas  preocupaciones de los vecinos.

Como no podía ser de otra manera, en Coalición Canaria asumimos la legitimidad de aquel acto, por más que no respondiese al interés general de la ciudad y sus vecinos. Pasamos a la oposición, donde hemos asumido, con idéntica ilusión, el compromiso de seguir trabajando por Santa Cruz, desde una vertiente plenamente constructiva. Y el mejor ejemplo lo tenemos en este nuevo periodo que nos ha tocado vivir, con la crisis sanitaria del coronavirus, tendiendo la mano al gobierno y presentando un  sinfín de propuestas para la necesaria recuperación económica y social del municipio.    

Respetamos que un sector de la ciudadanía celebrara en junio la posibilidad de que pudiera producirse un cierto cambio en la gestión de la ciudad. De la misma manera que comprendemos ahora la insatisfacción confesa de muchas de esas mismas personas, decepcionadas por el rumbo que ha tomado Santa Cruz en solo 12 meses.

Es lógico: no han visto nada positivo. Ningún proyecto alternativo de ciudad, ninguna idea de futuro con trazas de viabilidad, ninguna voluntad de arremangarse para trabajar… El municipio carga con las consecuencias del desgobierno al que Hernández ha llevado al Ayuntamiento. Una alcaldesa que no ha terminado de entender que la gestión municipal exige dedicación plena. Que no es una tarea a tiempo parcial, compartida con su condición de diputada en el Parlamento de Canarias y pendiente, por lo que hemos leído, de la pedrea de los nombramientos para el Gobierno regional.  

Ejercer la Alcaldía en una ciudad como Santa Cruz exige mucho más: capacidad de liderazgo, representatividad, dotes para trabajar en equipo, templanza, sobriedad… Obliga a ser humilde para escuchar, para dialogar con todos. Requiere cercanía y contacto permanente con los vecinos, que son quienes hacen grande la ciudad. Aconseja sacudirse la soberbia y el afán permanente por acaparar la atención, tratando de capitalizar para sí cualquier momento, sea el reparto de entradas para la visita de los Reyes Magos, la elección de la Reina del Carnaval, el paseo junto a una carroza musical en tiempos de confinamiento o la recuperación del dinero de Las Teresitas.

Pero lo peor de todo es que las consecuencias acaban por pagarlas los vecinos, que hoy contemplan cómo su ciudad ha perdido el tren del dinamismo, la prosperidad y la creación de empleo, al que se habían subido en el mandato anterior, con José Manuel Bermúdez de alcalde. Un consistorio que ha descuidado sus servicios públicos, que apenas licita nuevas obras (salvo algunas de las muchas que dejó en marcha el gobierno anterior) y que se muestra sumiso ante otras administraciones públicas. Es lo que tiene gobernar a golpe de improvisaciones y ocurrencias, el sello de identidad de esta alcaldesa en este año triste, perdido, preocupante… Un año de regresión.