Las Islas, por delante de las siglas (A mí tampoco me gusta Pedro Sánchez)

Alfonso Cabello

A mí tampoco me gusta Pedro Sánchez. No me gusta su forma de entender la política ni de aferrarse al poder. No me gusta su todo vale. No me gustan sus apaños con los independentistas catalanes y vascos. Ni el desafío a la convivencia que supone su interesado pulso a la igualdad de los ciudadanos, la cohesión del territorio y la independencia de las instituciones del Estado. No me gusta. Y creo que a la mayoría de los afiliados, simpatizantes y votantes de Coalición Canaria, tampoco les gusta.

Quizás por eso hay quienes no alcanzan a entender el pacto de Legislatura que acabamos de firmar en Madrid con el Partido Socialista. Las reticencias son comprensibles, dada la preocupación y alarma que despiertan en la sociedad algunas propuestas acordadas por Sánchez con Bildu, Esquerra y Junts, como la Ley de Amnistía. Vaya por delante nuestra rotunda oposición.

De hecho, la amnistía no forma parte del acuerdo alcanzado por Coalición Canaria con los socialistas. La amnistía no contará con nuestro voto. Y mucho menos cuando se plantea fuera de los márgenes de la Constitución, al dictado de un prófugo de la justicia como es Puigdemont, decidido a liquidar los principios de igualdad y solidaridad territorial que inspiran nuestro modelo social y democrático de derecho.

Sinceramente, creo que Pedro Sánchez ha traspasado demasiadas líneas rojas para forzar su investidura. Y parece claro que gran parte de la ciudadanía canaria y española así lo ve. Incluso algunos históricos miembros de su partido también lo ven así. Pero lo cierto es que el pasado jueves 9 de noviembre el presidente en funciones ya había conseguido conformar en el Congreso de los Diputados la holgada mayoría absoluta que no obtuvo en las urnas: 178 votos favorables, dos más de los necesarios.

Por mucho que nos disguste -tanto el método como el resultado-, ante esta innegable realidad de un Estado español paralizado y polarizado hasta el extremo, los nacionalistas canarios solo teníamos dos opciones: proteger nuestras siglas o pensar en las Islas, mantenernos cómodamente al margen o apostar por nuestra tierra.

Y honestamente, aunque pueda parecer lo contario, creo que hemos acertado alcanzando un acuerdo para Canarias.

En primer lugar, porque hemos evitado que nuestro Archipiélago sea ninguneado, marginado y perjudicado por unos acuerdos alcanzados fuera de nuestras fronteras, y que se han concebido para favorecer con descaro a otros territorios y a otros intereses.

Y en segundo lugar, porque hemos logrado arrancar del próximo Gobierno de España el compromiso con la agenda canaria, que precisamente es para lo que nos votaron el pasado 23 de julio en las Islas.

El acuerdo de Legislatura alcanzado por Coalición Canaria en Madrid es hoy por hoy la única herramienta capaz de evitar el estrangulamiento de las vías de financiación de nuestra comunidad autónoma, la única opción viable para combatir la ralentización en el desarrollo de nuestro bienestar e infraestructuras. No hay más.

En la peor de las situaciones, en medio de la crispación y el desencuentro, hemos sido capaces de actuar con inteligencia y frialdad, para anteponer como siempre los intereses de nuestra tierra y de nuestra gente. Y no es poco lo que hemos logrado. Más bien al revés.

A cambio de un solo voto, matemáticamente prescindible, conseguimos blindar los asuntos estratégicos de Canarias, como el respeto a nuestro singular fuero fiscal y económico; la mejora de la financiación autonómica de los servicios esenciales atendiendo a criterios de lejanía, ultraperiferia y baja renta; la recuperación y ampliación de los convenios de obras hidráulicas, viviendas, carreteras, costas, infraestructuras educativas y turísticas; o la prolongación del Plan Integral de Empleo y el Programa Especial de FP, mientras la empleabilidad en las Islas no alcance la media del Estado español.

Sin ser necesarios para la gobernabilidad de Sánchez, hemos conseguido para Canarias medidas tangibles que tienen impacto inmediato en el día a día de nuestra gente en las Islas, como la inmediata transferencia de las partidas acordadas en los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, la gratuidad de las guaguas y el tranvía sin fecha límite, la ampliación de la bonificación del 60% en el IRPF por la erupción volcánica de La Palma hasta 2027, o el blindaje del 75% de descuento de residente en viajes.

Un acuerdo histórico por el volumen y trascendencia de los beneficios conseguidos para Canarias, cuya valoración inicial supera los 1.100 millones de euros anuales, y que incluye aspectos decisivos para reorientar la política migratoria, la atención a los menores no acompañados o las complejas relaciones con el Reino de Marruecos.

Dijimos que pondríamos a Canarias por delante de todo, incluso de nuestros legítimos intereses electorales como partido político. Y dijimos que haríamos valer el voto de Canarias en Madrid. Eso es exactamente lo que hemos hecho.

Habrá quien pueda pensar que el acuerdo con los socialistas perjudica a Coalición, y desde luego es algo opinable. Lo que resulta indiscutible es que el acuerdo beneficia a Canarias. Y mucho.

Por eso lleva nuestra firma. Siempre pondremos a las Islas por delante de las siglas.

Alfonso Cabello

Canarias, ¿frontera sur de Europa?

Alfonso Cabello

La Península española y Baleares han recibido unos 12.000 inmigrantes irregulares en lo que va de año. Durante el mismo período de tiempo, a Canarias han llegado más del doble: unos 26.000 jóvenes, mujeres y niños que se jugaron la vida en una de las rutas más peligrosas del mundo.

Más del doble, esa es la proporción. Casi el 70% de la inmigración irregular que recibe España por mar entra a través de nuestras Islas, un territorio alejado, limitado y fragmentado, donde no disponemos de los recursos necesarios para atender una crisis humanitaria de esta magnitud.

A este ritmo de llegadas, y con los episodios de mar en calma previsibles de aquí a final de año, acabaremos superando con creces el récord de 2006, durante la trágica crisis de los cayucos. Entonces fueron más de 31.000 las llegadas.

Canarias no puede con esta avalancha. La tensión sobre los medios de salvamento, fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil, ONGs, servicios sociales y sanitarios, hace tiempo que superó el límite asumible.

Y no es cuestión de insolidaridad. Todo lo contrario. La nuestra es una tierra de emigrantes y de acogida. Nadie nos da lecciones en esto. Somos abiertos y hospitalarios. Somos fruto del mestizaje y del encuentro entre culturas.

El canario es un pueblo siempre sensible al drama de otros pueblos. Pero el peso de la solidaridad no es el mismo si se concentra sobre los hombros de 2 millones de canarios que si se reparte entre 47 millones de españoles.

O entre 450 millones de europeos, porque en realidad la inmigración irregular no es un problema de Canarias, que Europa deba ayudarnos a resolver, no. La inmigración irregular es un problema de Europa, que el Archipiélago no puede seguir afrontando de esta desproporcionada manera.

Por eso hay que decir basta. Y tenemos que decirlo todos, gobierno y oposición. De ahí la importancia del acuerdo alcanzado con todos los grupos políticos del Paramento de Canarias -a excepción de Vox-, para exigir al Estado y a la Unión Europea que cumplan de forma más ágil y eficaz sus competencias en la gestión de esta crisis migratoria.

El Acuerdo Canario por la Migración es un frente común que envía un mensaje muy claro a la sociedad, para dejar al margen el enfrentamiento político y el uso partidista de este serio problema. Y para exigir al Gobierno de la Nación que solicite de la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil, ante una crisis que desborda peligrosamente las capacidades de las administraciones locales, insulares y autonómica.

Esta es la única fórmula eficaz para disponer desde mañana mismo del envío comunitario de material especializado, equipos de búsqueda y rescate, el traslado de más personal sanitario y la activación de los recursos sociales extraordinarios.

Canarias demanda una verdadera política de Estado para afrontar el desafío de la inmigración, con un mando único capaz de aportar eficacia a la coordinación entre ministerios y administraciones; con una red de acogida estable en todo el territorio del Estado; con mayor agilidad en los traslados; o con financiación suficiente para cubrir el costo de los servicios extraordinarios prestados sobre el terreno por las distintas administraciones de las Islas.

Una política de Estado en materia migratoria que resuelva de forma solidaria y definitiva el inasumible problema de los menores no acompañados, que ya son más de 4.000 bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Incluyendo una modificación legislativa para que las competencias no sean exclusivas de la comunidad autónoma a la que llegan.

Canarias es la frontera sur de la Unión. Y formamos parte de ella con todas las consecuencias. No somos una región de segunda categoría. No somos un tercer país, con el que conveniar acuerdos a última hora, para contener -de aquella manera- los flujos migratorios que el continente europeo no desea asumir.

En algunos momentos, podría parecer que Madrid y Bruselas lo han olvidado. Entre todos, tendremos que recordárselo.

Alfonso Cabello

Tiempo de calmas y crisis migratoria

Alfonso Cabello

El mar echado de estos días ha incrementado la llegada irregular de inmigrantes a Canarias, agravando de forma preocupante la crisis migratoria que vienen soportando las Islas.

Las calmas no han hecho más que empezar, y los datos vuelven a ser alarmantes. Solo el pasado fin de semana llegaron 18 embarcaciones a cinco islas diferentes, entre cayucos, pateras y lanchas neumáticas. En total, 1.173 migrantes en menos de 48 horas. Entre ellos, más de 200 menores.

La crisis humanitaria de la inmigración en la peligrosa ruta canaria exige ser abordada de una vez por todas como un asunto de Estado. La nueva avalancha no ha hecho más que empezar. No es descabellado intuir que las cosas empeorarán en las próximas semanas, como consecuencia de la mayor inseguridad en la región del Sahel, el agravamiento de la hambruna en el continente y el trágico terremoto sufrido en Marruecos.

Todo un drama que exige una respuesta mucho más contundente y eficaz por parte de la Administración central y las autoridades europeas. De ahí la petición de auxilio reiterada por el presidente Clavijo, dirigida al Gobierno de España y a la Comisión Europea.

Los recursos disponibles en las Islas son limitados, y el impacto directo que la inmigración irregular está teniendo en la gestión de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónoma de Canarias resulta inabordable.

El Gobierno de España debe asumir su responsabilidad de forma urgente. Y además, debe hacerlo bien, poniendo fin a la descoordinación competencial y la maraña burocrática en la que se pierde hoy la gestión de la inmigración. Resulta imprescindible establecer un mando único, que coordine con eficiencia el trabajo de los seis ministerios implicados en la materia: Interior, Exteriores, Migraciones, Menores, Defensa y Fomento.

Y de la misma forma, el Gobierno de España -hoy en la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea-, debe exigir una mayor implicación de las autoridades comunitarias en el abordaje de esta crisis, asumiendo su responsabilidad para garantizar el papel de tránsito que corresponde a Canarias como frontera sur de la UE.

Las Islas no pueden seguir solas en esta crisis.

Alfonso Cabello

La agenda canaria, razón de Estado

Alfonso Cabello

El voto de Canarias en Madrid puede decidir el próximo Gobierno de España. Un solo voto, el de Cristina Valido, podría resolver el empate entre bloques. Y hacerlo, además, no en favor de la derecha ni de la izquierda, sino en beneficio de nuestro Archipiélago.

Una vez más, la gobernabilidad del Estado y el interés general de Canarias vuelven a formar parte de la misma ecuación.

Caprichos de la aritmética electoral, sí.

Tesón y compromiso del nacionalismo canario, también.

Habrá quien considere desproporcionada tamaña influencia por un solo escaño entre los 350 que componen el Congreso de los Diputados. Quienes vivimos en esta tierra -y seguimos sufriendo el sobrecosto de la insularidad y la lejanía-, sabemos que no lo es. Que le pregunten a quienes este verano han estado sin luz en La Gomera, o están sin agua en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.

El posicionamiento de Coalición Canaria ante las negociaciones para conformar el próximo Gobierno de España tampoco es un capricho partidista. Y mucho menos un chantaje o un pulso al sistema de convivencia constitucional, como plantean desde otras latitudes.

Nuestra reivindicación en cualquier mesa de negociación es una cuestión de justicia con las Islas. Y no es que nos dé igual pactar con unos que con otros, sino que, por desgracia, ambos bloques necesitan permanentemente que alguien les recuerde la ignorada realidad insular.

El disputado voto de Coalición Canaria es la única posibilidad de que la agenda canaria vuelva a ser una razón de Estado. Y no la vamos a desaprovechar.

Canarias necesita recuperar con urgencia convenios como los de infraestructuras hidráulicas o educativas. Necesitamos quedar exentos de las tasas aeroportuarias que AENA planea implementar en marzo de 2024, decidir sobre la gestión de nuestros aeropuertos -de acuerdo con nuestro Estatuto de Autonomía-, actualizar de forma inmediata los costes bonificados del transporte de mercancías, o ampliar la gratuidad de las guaguas y el tranvía.

Hablar de la agenda canaria no es solo hablar de conectividad y cohesión territorial. Es reivindicar también las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 que siguen sin transferirse a estas alturas del año. Especialmente, las referidas a los 100 millones de euros destinados al Plan de Reconstrucción de La Palma. Una isla atormentada por el volcán para la que exigimos la ampliación de los beneficios fiscales.

La política migratoria y las relaciones con Marruecos en cuanto a la delimitación de aguas también forman parte de esa agenda canaria, arrimada en algún cajón ministerial en los últimos años, y que una vez más ponemos sobre la mesa. Sin olvidar la reforma del sistema de financiación autonómica, que deberá respetar y cumplir las exigencias de nuestro fuero fiscal diferenciado.

Desde Coalición Canaria somos muy conscientes de la importancia del diálogo en la construcción del futuro de España, pero ese futuro no puede construirse de espaldas a Canarias. Por eso, precisamente, nuestro apoyo al próximo presidente del Gobierno estará siempre condicionado por un compromiso inquebrantable: la defensa de los intereses y el bienestar de las Islas.

Encontrar el equilibrio necesario para la gobernabilidad del Estado no está siendo tarea fácil. Habrá que actuar con mucho tiento e inteligencia para que Canarias siga siendo el fiel de la balanza.

Alfonso Cabello

Canarias y la tómbola de la financiación autonómica

La calidad de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas en un territorio aislado y fragmentado como Canarias está seriamente condicionada, no solo por la capacidad de gestión de las Administraciones, sino también y especialmente por la disponibilidad de recursos financieros.

Está claro que la lejanía y la triple insularidad de nuestra tierra exigen una financiación extraordinaria por parte del Estado para alcanzar la igualdad de condiciones con el resto de territorios peninsulares. Dicho así, parece una obviedad que cualquiera podría entender, pero después de cuatro décadas de Autonomía hay en Madrid quienes aún no comprenden este principio tan sencillo.

Ni siquiera lo entienden después de las últimas reformas del Estatuto de Autonomía y del REF, que dejaron bien claro el derecho de los canarios y las canarias a disponer de unos recursos que garanticen la suficiencia financiera de los servicios públicos básicos (educación, sanidad y asuntos sociales), con absoluta independencia y separación de los fondos extraordinarios del propio REF, concebidos para compensar el hecho insular y la lejanía.

La incomprensión del Estado con Canarias no es retórica nacionalista, como nos reprochan unos pocos. La incomprensión del Estado con Canarias tiene efectos perversos, limita los derechos de nuestra gente y afecta de manera directa a nuestra calidad de vida.

Los datos están ahí. El obsoleto sistema de financiación autonómico de las comunidades del régimen común, aprobado en 2009, supuso la pérdida de unos 700 millones de euros anuales para los servicios básicos en Canarias. Han transcurrido 14 años desde entonces. El déficit acumulado resulta escandaloso. Y muy doloroso.

De hecho, la última liquidación publicada por el Ministerio de Hacienda acredita que las Islas reciben anualmente 1.145 € menos por habitante que la comunidad mejor financiada, Cantabria, y 377 € menos que la media de los territorios peninsulares. Un flagrante incumplimiento más del fuero canario.

Por desgracia, Canarias sigue a la cola de la financiación per cápita del Estado. Y eso explica muchas cosas de nuestro día a día. De ahí la importancia y la urgencia de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, aplazada irresponsablemente una y otra vez según los intereses electorales del gobierno de turno en Madrid.

Pero cuidado, la reforma de la financiación pública de las comunidades autónomas tiene que construirse en un marco de estabilidad y lealtad institucional, sobre la base del consenso, la responsabilidad y la solidaridad entre territorios. Y no parece que ese sea el escenario actual, con la gobernabilidad de España bloqueada y un presidente en funciones de paseo veraniego por algún zoco marroquí.

En las Islas lo tenemos muy claro: La financiación autonómica no puede ser una tómbola con todos los boletos en manos de los radicales y de quienes no entienden el hecho diferencial canario.

GRACIAS, SANTA CRUZ

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy mi nombramiento como Viceconsejero de Presidencia, una responsabilidad que me obliga a renunciar a mi acta de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Ha sido una mañana de sentimientos enfrentados. Por un lado, la ilusión de incorporarme al nuevo equipo del presidente Fernando Clavijo, a quien agradezco su confianza al encargarme esta gran responsabilidad. Y por otro, debo admitir cierta tristeza al dejar atrás la etapa más reconfortante de mi vida política.

Ser concejal de la ciudad en la que nací ha sido un honor. Trabajar por su dinamización económica, desarrollo social y esplendor de sus fiestas y tradiciones, no tiene precio.

Mi agradecimiento de corazón a los compañeros de Corporación, funcionarios, colaboradores, vecinos y vecinas, con los que he compartido desvelos y alegrías estos últimos nueve años.

Y gracias, especialmente, a mi amigo y alcalde, José Manuel Bermúdez, por su respaldo y complicidad. Formar parte de su equipo y aprender de su liderazgo ha sido todo un privilegio.

Hoy dejo Santa Cruz pero no me marcho. Seguiré luchando por el gran proyecto nacionalista para nuestra capital, con más entrega si cabe, desde el Comité Local de Coalición Canaria con el que sigo comprometido.

No me voy de la ciudad. Sólo me mudo temporalmente unas calles más abajo.

Gracias, Santa Cruz, por tanto.

Arrimar el hombro por Canarias

Coalición Canaria ha llegado a un trascendente acuerdo con otras diez fuerzas políticas del Archipiélago de cara a la próxima cita electoral del 23 de julio. Se trata de una decena de formaciones de diferentes ámbitos territoriales y distintas sensibilidades políticas, pero con un denominador común: Canarias.

Así de sencillo. Nos une nuestra tierra. Y nos une el compromiso de anteponer su defensa a cualquier otro interés, circunstancia u obediencia. De ahí el valor del acuerdo.

La voz de Canarias no puede quedar silenciada por la polarización de esta apresurada campaña electoral veraniega. Tampoco puede acallarse por la aritmética de las urnas, ni la disciplina de voto de los partidos estatales.

Por eso hemos decidido arrimar el hombro y juntar nuestra fuerza con Unidos por Gran Canaria, Agrupación Herreña Independiente (AHI), Juntos por Mogán, Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), Plataforma Vecinal por Santa Brígida, La Fortaleza de Santa Lucía, Tejeda por el Cambio, Ahora Guía, Agrupación Socialista por Lanzarote y Coalición de Centro Democrático (CCD).

Trabajaremos juntos para conseguir un grupo parlamentario propio en las Cortes Generales, para poner acento canario en todos los debates del Congreso y el Senado, para que las especificidades insulares se respeten en todas las iniciativas legislativas y en la actividad de control al Gobierno del Estado. Solo así conseguiremos que Madrid cumpla con nuestras Islas.

De hecho, este acuerdo es mucho más que una declaración de intenciones. Se sustenta en el manifiesto “Un objetivo común: la defensa de Canarias”, articulado en torno a 52 propuestas imprescindibles para el desarrollo de nuestra tierra y el bienestar de nuestra gente.

Como se afirma en su preámbulo, no es un sueño, no es una fantasía. Podemos conseguir nuestro objetivo común. Los canarios y las canarias ya hemos sido determinantes en varias ocasiones para la gobernabilidad del Estado español. Y eso precisamente es lo que ha servido para poner donde corresponde los intereses de nuestras Islas.

Parece una obviedad, pero desgraciadamente hay que seguir recordándolo a quienes desde Madrid siguen sin entenderlo: Los problemas de Canarias son diferentes a los de la península. Y las soluciones también.

¡Las unas nos esperan!

¡Ahora es cuando, Canarias!

Ahora es cuando Canarias se la juega de verdad. Se juega su futuro y también su presente, porque nada está garantizado. Nos jugamos conservar los avances logrados en Madrid. Nos jugamos la gratuidad de las guaguas y el tranvía. Las ayudas al transporte de pasajeros y mercancías. O la bonificación del 60% en el IRPF del pueblo palmero afectado por la erupción.

Nos jugamos nuestro futuro, y no podemos dejarlo en manos de personas a las que no volveremos a escuchar en cuatro años, o a las que no podremos pedir explicaciones hasta las siguientes elecciones.

El próximo 23 de julio, en ningún colegio electoral de Canarias encontraremos una papeleta con el nombre de Pedro Sánchez o Núñez Feijóo. Tampoco de Yolanda Díaz o Abascal.  Encontraremos nombres de mujeres y hombres canarios muy diferentes, pero fácilmente distinguibles. Unos se identificarán por su obediencia a organizaciones estatales centralistas, y otros por su independencia de criterio en la defensa de Canarias.

Esa será la gran diferencia. Y está claro que solo quienes tienen libertad para poner a las Islas por delante de sus organizaciones políticas, incluso por delante de la política, pueden defender el trato diferencial que nuestra tierra exige.

El pueblo canario no es mejor ni peor que nadie. Simplemente, somos diferentes, vivimos alejados del continente, y en un territorio fragmentado que exige condiciones diferentes para alcanzar la igualdad con el resto de comunidades peninsulares y regiones europeas. Así se construye la equidad.

Las elecciones del próximo 23 de julio no son un plebiscito. Tampoco un duelo entre bloques. Ni siquiera una lotería, aunque su convocatoria haga rondar por nuestras cabezas la cifra mágica del diputado 175 más uno, el número de una Canarias necesaria para la gobernabilidad del Estado.

Las próximas generales son mucho más que todo eso. Son la oportunidad de ampliar la capacidad de influencia de nuestra tierra en Madrid. Y de hacerlo cuando más lo necesitan las Islas, cuando peor lo está pasando nuestra gente, cuando más desafíos tenemos ante nosotros, y cuando más decisivo puede ser nuestro apoyo.

Desde que en 1989 Felipe González necesitó el voto de Luis Mardones para ser investido presidente, muchos han sido los beneficios alcanzados para nuestra tierra gracias a la intervención de los partidos de obediencia canaria.

Logros como la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, la reforma de las condiciones económicas y fiscales del REF, o la consolidación de nuestro estatus como región ultraperiférica en la Unión Europea.

El trabajo de parlamentarias como Ana Oramas es incontestable. Y su repercusión para Canarias, indiscutible. Durante 16 años, Ani ha sido la voz valiente y luchadora de nuestra tierra en el Congreso de los Diputados, una mujer que no bajó la cabeza ante nada ni ante nadie, que no se amilanó ante ningún presidente ni grupo de influencia, y que nos deja un legado inspirador para quienes toman hoy el relevo en las Cortes Generales en nombre de Coalición Canaria, como Cristina Valido, Gladis de León o Jonathan Domínguez.

Porque los grandes cambios y avances para Canarias jamás se han logrado por la indisciplina de los diputados canarios del PSOE o del PP. Ni por los acuerdos de gobernabilidad o presupuestarios con la izquierda radical o con los independentistas catalanes o vascos. Y tampoco vendrán de la mano de la extrema derecha y su amenaza al Estado de las Autonomías.

Los avances vendrán siempre por la propia capacidad de los canarios para hacer valer nuestra voz y nuestro voto en Madrid. Sin vasallajes ni ataduras. Y para eso es necesario ampliar en las Cortes el espacio común de los partidos de obediencia canaria, con grupo parlamentario propio, con hombres y mujeres que pongan a Canarias por delante de las siglas y los intereses partidistas.

El pueblo canario no puede decidir quién ganará las elecciones generales el próximo 23 de julio, pero está en nuestras manos la posibilidad de hacernos oír en Madrid, está en nuestras manos evitar que las Islas sean relegadas y otros decidan por nosotros nuestro futuro.

Se avecinan momentos de mudanza e incertidumbre en la política del Estado.

¡Ahora es cuando, Canarias! ¡Este es tu momento!

Lo primero, bajar los impuestos en Canarias

No es la primera vez que reflexiono en los últimos meses sobre la necesidad de bajar los impuestos en Canarias. Y espero no tener que volver a hacerlo después del próximo 28 de mayo, cuando Coalición Canaria recupere en las urnas la confianza mayoritaria de nuestra gente en las ocho islas.

Bajar los impuestos será la primera medida que adopte el nuevo gobierno nacionalista de Fernando Clavijo. No es una promesa electoral. Es una necesidad imperiosa y urgente.

Los últimos datos de recaudación del IGIC así lo acreditan una vez más. El gobierno socialista de Ángel Víctor Torres sigue batiendo todos los récords de recaudación, a costa del esfuerzo y sacrificio de nuestro pueblo.

El arranque del año fiscal ha sido una verdadera sangría para las economías familiares y para nuestro tejido productivo. La recaudación acumulada del IGIC se incrementó en enero y febrero un 147% con respecto a los datos del mismo período de 2019, es decir, antes de la pandemia.

En los dos primeros meses del año, el gobierno socialista de Ángel Víctor Torres ha recaudado casi 454 millones de euros solo con el IGIC, frente a los 404 millones del mismo periodo del año pasado y los 184 millones del último ejercicio prepandemia. ¡Casi nada! Unos 270 millones de euros más que nos han sacado del bolsillo, según los datos de la Agencia Tributaria Canaria.

En cuanto al total del Bloque Canario, la recaudación estrenó el año superando los 503 millones, un 135% más que en 2019. La única excepción en la subida generalizada de los tributos del REF fue el Impuesto de Matriculaciones, que en los dos primeros meses de 2023 registra la cifra más baja de los últimos cinco ejercicios. Un preocupante indicio, sin duda.

Y mientras el gobierno socialista engorda sus arcas, los hogares canarios han sufrido en el último año una pérdida de renta superior al 17%. No hace falta ser un experto en economía para entender que la inflación disparada al 6% es un chollo para este gobierno de flores que apura sus últimas semanas.

Queda claro que alguien está haciendo el agosto en plena crisis a nuestra costa. Y ese alguien tiene nombre y apellidos. Por eso es tan importante recuperar el Gobierno de Canarias para los canarios. Y aplicar con urgencia la reforma fiscal propuesta por Coalición Canaria para dar un respiro a nuestra gente y a nuestra economía.

Acabemos con esta sangría.

Liderazgo para afrontar la emergencia social de la vivienda

Alfonso Cabello Mesa

La vivienda es la piedra angular del bienestar social, es nuestro punto de arraigo y de proyección como miembros de un barrio y de una ciudad.

El absoluto fracaso de las políticas socialistas en materia de planificación territorial y vivienda, tanto en el Cabildo de Tenerife, como en el Gobierno de Canarias, nos ha conducido a una situación de auténtica emergencia social.

Las listas de espera para acceder a una vivienda pública superan los 20.000 demandantes en nuestro Archipiélago. Solo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, unos 35.000 jóvenes menores de 35 años tienen serios problemas para emanciparse, al no poder acceder al mercado de venta libre ni alquiler.

Coalición Canaria encara la próxima cita electoral abordando de forma decidida este desafío. Un debate sincero, sin estridencias, que nos afecta a todos, y que no puede dilatarse por más tiempo. La presión sobre el bienestar de las familias hace necesario plantear de inmediato las principales medidas a desarrollar en la próxima década.

El equipo liderado por José Manuel Bermúdez tiene muy claro que el desarrollo de Santa Cruz de Tenerife pasa por un crecimiento demográfico sostenible, planificado en sintonía con las infraestructuras y los servicios públicos disponibles. Es por eso que, de entrada, a partir de mayo de 2023, vamos a movilizar el mayor volumen de suelo y los recursos económicos necesarios para afrontar un reto que no admite más demoras.

Frente a un discurso socialista complaciente y conformista, trabajamos en el presente con acciones reales, como poner a disposición de la promoción pública y privada suelo residencial para construir las 20.000 nuevas viviendas que la población de Santa Cruz demandará en la próxima década.

Continuamos en la senda que nos ha permitido situarnos en el séptimo municipio del territorio nacional en inversión por habitante en materia de vivienda. Actualmente gestionamos desde el Ayuntamiento más de 90 millones de euros destinados a rehabilitación y nueva edificación.

Más de 4.000 viviendas rehabilitadas o la promoción de 400 nuevas en Cuevas Blancas, María Jiménez o La Monja, son sólo una muestra de un compromiso real con nuestra gente.

De la misma forma, vamos a mantener congelado el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), actualmente el más bajo de todo el estado español, algo que, junto a la bonificación de otras tasas municipales, nos permite ser una de las capitales más atractivas para la inversión.

Pero no sólo trabajamos por el presente, nuestro compromiso político establece como prioridad el acceso a la primera vivienda de la población más joven. Así lo ha confirmado ya nuestro alcalde José Manuel Bermúdez.

Entre los planes de liberación de suelo y puesta a disposición para construcción, se primará aquellas iniciativas que destinen mayores porcentajes y condiciones de acceso a la vivienda joven, de tal manera que se genere un parque de viviendas de alquiler con precios inferiores a los 400 euros al mes para pisos de 70m2.

Y no vamos a estar solos. Santa Cruz necesita ir de la mano con el Cabildo de Tenerife y con el Gobierno de Canarias. Por eso, frente a la política de aislamiento practicada desde las presidencias socialistas en estas administraciones, el escenario político después del 28 de mayo nos permitirá trabajar codo con codo en la estrategia conjunta que en materia de vivienda pondrán en marcha Fernando Clavijo y Rosa Dávila.

Nuestro compromiso político con Canarias y nuestra gente es aquí y ahora; con hechos sólidos, frente a discursos que dibujan utopías irrealizables.

Alfonso Cabello Mesa

Secretario General de CC en Santa Cruz de Tenerife

Alfonso Cabello Mesa