Apropiación indebida

El Gobierno de Pedro Sánchez, en connivencia con los alcaldes de su partido, acaba de cometer una tropelía, cuyas consecuencias van a pagar los vecinos de todos los municipios de España. Puede que el hecho esté pasando desapercibido para el común de la ciudadanía. Con las televisiones volcadas a todas horas en la búsqueda del Rey Emérito, noticias como esta de la financiación de los ayuntamientos se ven relegadas a espacios secundarios en los informativos. Y bien que se agradece en Moncloa.

Pero la realidad de los hechos es que Sánchez, con el beneplácito disciplinado de sus alcaldes socialistas, ha decidido meter mano en la caja de los ayuntamientos y hacer uso de sus ahorros (14.000 millones de euros), comprometiéndose a devolvérselos en el plazo de 10 años, ampliables a 15, a partir de 2022. A cambio, se compromete a surtir las arcas municipales con un fondo de 5.000 millones, entre 2020 y 2021-

El decreto obliga a los municipios a ingresar a Hacienda todo ese dinero, penalizando a ayuntamientos como el de Santa Cruz, que durante los últimos años hizo sus deberes, incluso por encima de lo que exigía la ley. De este modo, la deuda de 120 millones de euros que arrastrábamos en 2012 se redujo a 21 millones en 2019, en un ejercicio de responsabilidad que contrasta con las alegrías características de Sánchez y sus políticas de gasto.

Lo cierto es que ahora, cuando todos los ayuntamientos necesitamos más recursos para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas del coronavirus, el Gobierno de España decide confiscar sus dineros por la vía del chantaje: si quieres emplear tus ahorros, dámelos a mí, que yo los administro. Y encima, parapetándose detrás de los consistorios, las instituciones más próximas a los vecinos; a donde primero acuden para resolver sus necesidades.

Se entiende así el rechazo frontal expresado este viernes por alcaldes españoles de todas las ideologías –excepto del PSOE–, integrados en una plataforma y reunidos telemáticamente para hacer causa común contra este atropello. Entre los primeros ediles significados en este frente municipal figura José Manuel Bermúdez, alcalde de nuestra capital, quien ha dejado claro que lo único que prima en este decreto es la mala gestión.

Situando los intereses del Ayuntamiento y sus vecinos por encima de las consignas partidistas –al contrario de lo que hacen los munícipes del PSOE–, el alcalde santacrucero recalca la necesidad de que la totalidad del superávit se emplee por el consistorio que lo generó, a base de rebajar su déficit y efectuar un esfuerzo del que ahora quiere servirse el Gobierno de España.

Un Gobierno que en todo ese tiempo hizo lo contrario: aumentar el déficit público, rozando los 50.000 millones de euros. Un Gobierno que pretende apropiarse de manera indebida de lo que en justicia corresponde a los ayuntamientos y sus vecinos. Más aún en estos tiempos.

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07.08.2020    /    0  comentarios    /