Canarias, ¿frontera sur de Europa?
La Península española y Baleares han recibido unos 12.000 inmigrantes irregulares en lo que va de año. Durante el mismo período de tiempo, a Canarias han llegado más del doble: unos 26.000 jóvenes, mujeres y niños que se jugaron la vida en una de las rutas más peligrosas del mundo.
Más del doble, esa es la proporción. Casi el 70% de la inmigración irregular que recibe España por mar entra a través de nuestras Islas, un territorio alejado, limitado y fragmentado, donde no disponemos de los recursos necesarios para atender una crisis humanitaria de esta magnitud.
A este ritmo de llegadas, y con los episodios de mar en calma previsibles de aquí a final de año, acabaremos superando con creces el récord de 2006, durante la trágica crisis de los cayucos. Entonces fueron más de 31.000 las llegadas.
Canarias no puede con esta avalancha. La tensión sobre los medios de salvamento, fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil, ONGs, servicios sociales y sanitarios, hace tiempo que superó el límite asumible.
Y no es cuestión de insolidaridad. Todo lo contrario. La nuestra es una tierra de emigrantes y de acogida. Nadie nos da lecciones en esto. Somos abiertos y hospitalarios. Somos fruto del mestizaje y del encuentro entre culturas.
El canario es un pueblo siempre sensible al drama de otros pueblos. Pero el peso de la solidaridad no es el mismo si se concentra sobre los hombros de 2 millones de canarios que si se reparte entre 47 millones de españoles.
O entre 450 millones de europeos, porque en realidad la inmigración irregular no es un problema de Canarias, que Europa deba ayudarnos a resolver, no. La inmigración irregular es un problema de Europa, que el Archipiélago no puede seguir afrontando de esta desproporcionada manera.
Por eso hay que decir basta. Y tenemos que decirlo todos, gobierno y oposición. De ahí la importancia del acuerdo alcanzado con todos los grupos políticos del Paramento de Canarias -a excepción de Vox-, para exigir al Estado y a la Unión Europea que cumplan de forma más ágil y eficaz sus competencias en la gestión de esta crisis migratoria.
El Acuerdo Canario por la Migración es un frente común que envía un mensaje muy claro a la sociedad, para dejar al margen el enfrentamiento político y el uso partidista de este serio problema. Y para exigir al Gobierno de la Nación que solicite de la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil, ante una crisis que desborda peligrosamente las capacidades de las administraciones locales, insulares y autonómica.
Esta es la única fórmula eficaz para disponer desde mañana mismo del envío comunitario de material especializado, equipos de búsqueda y rescate, el traslado de más personal sanitario y la activación de los recursos sociales extraordinarios.
Canarias demanda una verdadera política de Estado para afrontar el desafío de la inmigración, con un mando único capaz de aportar eficacia a la coordinación entre ministerios y administraciones; con una red de acogida estable en todo el territorio del Estado; con mayor agilidad en los traslados; o con financiación suficiente para cubrir el costo de los servicios extraordinarios prestados sobre el terreno por las distintas administraciones de las Islas.
Una política de Estado en materia migratoria que resuelva de forma solidaria y definitiva el inasumible problema de los menores no acompañados, que ya son más de 4.000 bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Incluyendo una modificación legislativa para que las competencias no sean exclusivas de la comunidad autónoma a la que llegan.
Canarias es la frontera sur de la Unión. Y formamos parte de ella con todas las consecuencias. No somos una región de segunda categoría. No somos un tercer país, con el que conveniar acuerdos a última hora, para contener -de aquella manera- los flujos migratorios que el continente europeo no desea asumir.
En algunos momentos, podría parecer que Madrid y Bruselas lo han olvidado. Entre todos, tendremos que recordárselo.
