Las Islas, por delante de las siglas (A mí tampoco me gusta Pedro Sánchez)

Alfonso Cabello

A mí tampoco me gusta Pedro Sánchez. No me gusta su forma de entender la política ni de aferrarse al poder. No me gusta su todo vale. No me gustan sus apaños con los independentistas catalanes y vascos. Ni el desafío a la convivencia que supone su interesado pulso a la igualdad de los ciudadanos, la cohesión del territorio y la independencia de las instituciones del Estado. No me gusta. Y creo que a la mayoría de los afiliados, simpatizantes y votantes de Coalición Canaria, tampoco les gusta.

Quizás por eso hay quienes no alcanzan a entender el pacto de Legislatura que acabamos de firmar en Madrid con el Partido Socialista. Las reticencias son comprensibles, dada la preocupación y alarma que despiertan en la sociedad algunas propuestas acordadas por Sánchez con Bildu, Esquerra y Junts, como la Ley de Amnistía. Vaya por delante nuestra rotunda oposición.

De hecho, la amnistía no forma parte del acuerdo alcanzado por Coalición Canaria con los socialistas. La amnistía no contará con nuestro voto. Y mucho menos cuando se plantea fuera de los márgenes de la Constitución, al dictado de un prófugo de la justicia como es Puigdemont, decidido a liquidar los principios de igualdad y solidaridad territorial que inspiran nuestro modelo social y democrático de derecho.

Sinceramente, creo que Pedro Sánchez ha traspasado demasiadas líneas rojas para forzar su investidura. Y parece claro que gran parte de la ciudadanía canaria y española así lo ve. Incluso algunos históricos miembros de su partido también lo ven así. Pero lo cierto es que el pasado jueves 9 de noviembre el presidente en funciones ya había conseguido conformar en el Congreso de los Diputados la holgada mayoría absoluta que no obtuvo en las urnas: 178 votos favorables, dos más de los necesarios.

Por mucho que nos disguste -tanto el método como el resultado-, ante esta innegable realidad de un Estado español paralizado y polarizado hasta el extremo, los nacionalistas canarios solo teníamos dos opciones: proteger nuestras siglas o pensar en las Islas, mantenernos cómodamente al margen o apostar por nuestra tierra.

Y honestamente, aunque pueda parecer lo contario, creo que hemos acertado alcanzando un acuerdo para Canarias.

En primer lugar, porque hemos evitado que nuestro Archipiélago sea ninguneado, marginado y perjudicado por unos acuerdos alcanzados fuera de nuestras fronteras, y que se han concebido para favorecer con descaro a otros territorios y a otros intereses.

Y en segundo lugar, porque hemos logrado arrancar del próximo Gobierno de España el compromiso con la agenda canaria, que precisamente es para lo que nos votaron el pasado 23 de julio en las Islas.

El acuerdo de Legislatura alcanzado por Coalición Canaria en Madrid es hoy por hoy la única herramienta capaz de evitar el estrangulamiento de las vías de financiación de nuestra comunidad autónoma, la única opción viable para combatir la ralentización en el desarrollo de nuestro bienestar e infraestructuras. No hay más.

En la peor de las situaciones, en medio de la crispación y el desencuentro, hemos sido capaces de actuar con inteligencia y frialdad, para anteponer como siempre los intereses de nuestra tierra y de nuestra gente. Y no es poco lo que hemos logrado. Más bien al revés.

A cambio de un solo voto, matemáticamente prescindible, conseguimos blindar los asuntos estratégicos de Canarias, como el respeto a nuestro singular fuero fiscal y económico; la mejora de la financiación autonómica de los servicios esenciales atendiendo a criterios de lejanía, ultraperiferia y baja renta; la recuperación y ampliación de los convenios de obras hidráulicas, viviendas, carreteras, costas, infraestructuras educativas y turísticas; o la prolongación del Plan Integral de Empleo y el Programa Especial de FP, mientras la empleabilidad en las Islas no alcance la media del Estado español.

Sin ser necesarios para la gobernabilidad de Sánchez, hemos conseguido para Canarias medidas tangibles que tienen impacto inmediato en el día a día de nuestra gente en las Islas, como la inmediata transferencia de las partidas acordadas en los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, la gratuidad de las guaguas y el tranvía sin fecha límite, la ampliación de la bonificación del 60% en el IRPF por la erupción volcánica de La Palma hasta 2027, o el blindaje del 75% de descuento de residente en viajes.

Un acuerdo histórico por el volumen y trascendencia de los beneficios conseguidos para Canarias, cuya valoración inicial supera los 1.100 millones de euros anuales, y que incluye aspectos decisivos para reorientar la política migratoria, la atención a los menores no acompañados o las complejas relaciones con el Reino de Marruecos.

Dijimos que pondríamos a Canarias por delante de todo, incluso de nuestros legítimos intereses electorales como partido político. Y dijimos que haríamos valer el voto de Canarias en Madrid. Eso es exactamente lo que hemos hecho.

Habrá quien pueda pensar que el acuerdo con los socialistas perjudica a Coalición, y desde luego es algo opinable. Lo que resulta indiscutible es que el acuerdo beneficia a Canarias. Y mucho.

Por eso lleva nuestra firma. Siempre pondremos a las Islas por delante de las siglas.

Alfonso Cabello

Canarias y la tómbola de la financiación autonómica

La calidad de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas en un territorio aislado y fragmentado como Canarias está seriamente condicionada, no solo por la capacidad de gestión de las Administraciones, sino también y especialmente por la disponibilidad de recursos financieros.

Está claro que la lejanía y la triple insularidad de nuestra tierra exigen una financiación extraordinaria por parte del Estado para alcanzar la igualdad de condiciones con el resto de territorios peninsulares. Dicho así, parece una obviedad que cualquiera podría entender, pero después de cuatro décadas de Autonomía hay en Madrid quienes aún no comprenden este principio tan sencillo.

Ni siquiera lo entienden después de las últimas reformas del Estatuto de Autonomía y del REF, que dejaron bien claro el derecho de los canarios y las canarias a disponer de unos recursos que garanticen la suficiencia financiera de los servicios públicos básicos (educación, sanidad y asuntos sociales), con absoluta independencia y separación de los fondos extraordinarios del propio REF, concebidos para compensar el hecho insular y la lejanía.

La incomprensión del Estado con Canarias no es retórica nacionalista, como nos reprochan unos pocos. La incomprensión del Estado con Canarias tiene efectos perversos, limita los derechos de nuestra gente y afecta de manera directa a nuestra calidad de vida.

Los datos están ahí. El obsoleto sistema de financiación autonómico de las comunidades del régimen común, aprobado en 2009, supuso la pérdida de unos 700 millones de euros anuales para los servicios básicos en Canarias. Han transcurrido 14 años desde entonces. El déficit acumulado resulta escandaloso. Y muy doloroso.

De hecho, la última liquidación publicada por el Ministerio de Hacienda acredita que las Islas reciben anualmente 1.145 € menos por habitante que la comunidad mejor financiada, Cantabria, y 377 € menos que la media de los territorios peninsulares. Un flagrante incumplimiento más del fuero canario.

Por desgracia, Canarias sigue a la cola de la financiación per cápita del Estado. Y eso explica muchas cosas de nuestro día a día. De ahí la importancia y la urgencia de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, aplazada irresponsablemente una y otra vez según los intereses electorales del gobierno de turno en Madrid.

Pero cuidado, la reforma de la financiación pública de las comunidades autónomas tiene que construirse en un marco de estabilidad y lealtad institucional, sobre la base del consenso, la responsabilidad y la solidaridad entre territorios. Y no parece que ese sea el escenario actual, con la gobernabilidad de España bloqueada y un presidente en funciones de paseo veraniego por algún zoco marroquí.

En las Islas lo tenemos muy claro: La financiación autonómica no puede ser una tómbola con todos los boletos en manos de los radicales y de quienes no entienden el hecho diferencial canario.

Arrimar el hombro por Canarias

Coalición Canaria ha llegado a un trascendente acuerdo con otras diez fuerzas políticas del Archipiélago de cara a la próxima cita electoral del 23 de julio. Se trata de una decena de formaciones de diferentes ámbitos territoriales y distintas sensibilidades políticas, pero con un denominador común: Canarias.

Así de sencillo. Nos une nuestra tierra. Y nos une el compromiso de anteponer su defensa a cualquier otro interés, circunstancia u obediencia. De ahí el valor del acuerdo.

La voz de Canarias no puede quedar silenciada por la polarización de esta apresurada campaña electoral veraniega. Tampoco puede acallarse por la aritmética de las urnas, ni la disciplina de voto de los partidos estatales.

Por eso hemos decidido arrimar el hombro y juntar nuestra fuerza con Unidos por Gran Canaria, Agrupación Herreña Independiente (AHI), Juntos por Mogán, Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), Plataforma Vecinal por Santa Brígida, La Fortaleza de Santa Lucía, Tejeda por el Cambio, Ahora Guía, Agrupación Socialista por Lanzarote y Coalición de Centro Democrático (CCD).

Trabajaremos juntos para conseguir un grupo parlamentario propio en las Cortes Generales, para poner acento canario en todos los debates del Congreso y el Senado, para que las especificidades insulares se respeten en todas las iniciativas legislativas y en la actividad de control al Gobierno del Estado. Solo así conseguiremos que Madrid cumpla con nuestras Islas.

De hecho, este acuerdo es mucho más que una declaración de intenciones. Se sustenta en el manifiesto “Un objetivo común: la defensa de Canarias”, articulado en torno a 52 propuestas imprescindibles para el desarrollo de nuestra tierra y el bienestar de nuestra gente.

Como se afirma en su preámbulo, no es un sueño, no es una fantasía. Podemos conseguir nuestro objetivo común. Los canarios y las canarias ya hemos sido determinantes en varias ocasiones para la gobernabilidad del Estado español. Y eso precisamente es lo que ha servido para poner donde corresponde los intereses de nuestras Islas.

Parece una obviedad, pero desgraciadamente hay que seguir recordándolo a quienes desde Madrid siguen sin entenderlo: Los problemas de Canarias son diferentes a los de la península. Y las soluciones también.

¡Las unas nos esperan!